El engaño para captar personas, trasladarlas, acogerlas o recepcionarlas con fines de explotación sexual o laboral, es una grave vulneración a los derechos humanos, que afecta en Argentina a mujeres, personas LGBTTTIQ+, niñas y niños.

En 2008 se sancionó la ley 26.364, en Argentina, que establece la “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, y la  ley 27.046 que incluyó la leyenda obligatoria estipulando que “la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente penado. Denúncielo”. La Organización de las Naciones Unidas asignó la fecha, con el fin de concientizar y proteger los derechos de las víctimas del tráfico de personas con fines de esclavitud, en 2013.

Según los datos brindados por la ONU, la Trata de personas, es la tercera forma de tráfico, superando el tráfico de drogas y armas. Esta situación genera alrededor de 32 mil millones de euros al año. Por su parte la Comisión Europea emprendió una estrategia para erradicar la trata de personas, donde 2,5 millones de víctimas son ingresadas a las redes de explotación a nivel mundial.
Durante la pandemia por el COVID-19, el esfuerzo para socorrer a todas las víctimas de explotación se ha incrementado. Es importante resaltar los esfuerzos del personal especializado en el país que trabajan diariamente contra la trata de personas.  Cada año, miles de mujeres y niños son absorbidos por traficantes locales y extranjeros. Hoy, todos los países del mundo se encuentran afectados por la explotación de personas, ya sea en dentro del país de origen, de tránsito o destino definitivo para las víctimas. 

Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se realizó el protocolo para prevenir y denunciar la Trata de personas, asegurando que ninguna persona que se encuentre en prostíbulos,  talleres clandestinos, o realizando trabajos forzados se encuentra allí de manera voluntaria.

Comunicación IUNMa